Las dinámicas sin dudas serian complejas e impredecibles, pero permítanme hacer en este post un breve ejercicio ficticio. El objetivo: hallar el financiamiento, hoy ausente, para el más ambicioso plan de asignaciones universales de la historia económica argentina. La herramienta: La devaluación.
Devaluar provee plata fresca al gobierno desde tres fuente (a) El cambio en la valuación de las reservas del BCRA, o señoreaje (b) el aumento de la recaudación por retenciones y (c) la diferencia entre el impacto de la inflación en la recaudación fiscal y el gasto público.
Imaginemos una devaluación del 28% (de $3,50 a $4,50), un pass-trough instantáneo a precios del 50% (14%) y uno de precios a salarios del 50% (7%).
Supongamos que el PBI crece nominalmente con la inflación, pasando de $1100 MM (mil millones) a $1315 MM.
(a) El peso de diferencia entre $3,50 y $4,50 representa una ganancia instantánea de capital de $47 MM o 3,6% del PBI sobre los U$D 47 MM que tiene el Central. Cierto es que el resultado cuasi-fiscal se liquida hacia fin de año, pero no dudo de que el gobierno puede encontrar maneras ingeniosas de apropiárselo (si pudo incautar 10% previsional del PBI esto es un juego de niños.
(b) El cambio en el precio de la divisa aumenta la recaudación por retenciones desde $26 MM a $34 MM o 0,6% del PBI. El gobierno puede incluso jugar con las alícuotas (no sólo al agro sino a todas las exportaciones). Por cada 5% (no cinco puntos porcentuales) que suba la tasa promedio, puede recaudarse 0,1% más del PBI. Jugar con el nivel de retenciones permite afectar la composición de beneficiarios de la devaluación entre fisco y exportadores.
(c) El impacto fiscal restante dependerá de cuando afecte la inflación en la recaudación y los gastos. Si supongo que la primera aumenta 1 a 1 con la inflación y la segunda ídem con el nivel de salarios (por ejemplo a través de la indexación de las jubilaciones) tendremos $27 MM más de ingresos (2,1% del PBI) y $13 MM (1,0% del PBI) más de gastos sobre cifras originales de $193 MM y $ 180 MM actuales.
En total obtenemos 5,4% del PBI para financiar tres grandes programas sociales.
(I)
Plan “Cristina ama a los niños”: $300 para cada uno de los 2,5 millones de chicos pobres del país, de asignación automática universal contra certificado de escolaridad y chequeo médico periódico. 2,5 millones x 12 meses x $300 + 10% de gastos administrativos = $ 10 MM o 0,8% del PBI.
(II) Plan “Jefes y Jefas de Hogar 2.0”: $350 (sin aguinaldo) a 2,6 millones de personas o $450 a 2 millones (equivalente a $150 de 2002) o $550 a 1,7 millones más un 10% de gastos administrativos. Total: $12 MM o 0,9% del PBI.
(III) Aumento de $200 en la jubilación mínima a 6 millones de jubilados y pensionados. Total: $16 MM o 1,2% del PBI.
El gasto total de 2,9% del PBI (frente a 5,4% estimados de recaudación) maximiza el impacto multiplicador del gasto fiscal y alcanza a los segmentos más vulnerables de la pirámide social. Niños, desempleados y empleados en negro y jubilados y pensionados. La licuación de los salarios contribuye al mantenimiento de los niveles de empleo, que lamentablemente no puede sostenerse a los gritos ni con un DNU y el dólar más alto favorece la competitividad internacional frente a las devaluaciones de los países vecinos.
En términos financieros, la convalidación de la devaluación esperada debería quitar presión a un Banco Central que hoy debe actuar contractivamente para lograr subir de a 3 o 4 centavos por mes, permitiendo que las
tasas bajen. Un “Rodrigazo” sin duda hará ruido en el sector financiero que hoy tiene una sólida posición de liquidez. Para no cargar demasiado el post, podemos seguir con ésta parte en los comments.
La segunda dinámica complicada, es, obviamente, la
distributiva. ¿Lograría convalidarse desde lo político todas las transferencias que un programa de estas características implica?
Sin más, saluda atte.
Ele