Lineamientos para una reforma previsional

Aquí está, este es, documento de CIPPEC de Luciana Diaz Frers, Eduardo Levy Yeyati y este servidor. Cuatro propuestas para una reforma del sistema previsional sustentable. Con poco tiempo, me limito al copypasteo de algunos extractos (algo recortados) del documento. En breve preparo una versión un poco blog-friendly.

1. Universalización de la cobertura

La universalización de la cobertura implica la desvinculación del haber previsional de los aportes propios realizados durante la edad activa. Esta reforma, en la misma línea que la Asignación Universal por Hijo, convierte el ingreso de la tercera edad en un derecho. La universalización permite hacerse cargo de los trabajadores informales o esporádicos que quedan afuera del sistema por insuficiencia de aportes, evitando la incertidumbre (tanto de ingresos como fiscal) asociada a las espasmódicas moratorias.

La introducción de una Asignación Universal de la Tercera Edad (AUTE) perfora aún más el débil carácter contributivo del sistema actual en el que el trabajador paga durante su vida activa para recibir en el futuro, y recibe en función de lo que ha pagado en el pasado. […]

2. Cambio en los parámetros de sustitución y movilidad

[…] ¿Cómo alcanzar la progresividad del sistema sin vulnerar los derechos adquiridos por quienes hayan aportado al régimen contributivo? Una manera de hacerlo es priorizando la suba de la jubilación mínima por sobre las jubilaciones mayores, en línea con lo que ha sucedido en los últimos años. La instrumentación de este mecanismo es clave, en tanto no debe vulnerar los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria en los haberes no mínimos.

¿En qué valor debería situarse la jubilación mínima? A nuestro juicio, más pertinente que una determinación en función del salario mínimo, asociada a una concepción contributiva del sistema […], sería determinar y actualizar los haberes en función de una Canasta Básica de la Tercera Edad (CBT3E), asumiendo, naturalmente, una estimación rigurosa de la misma.

A modo de ejemplo, imaginemos el siguiente esquema. Por un lado, la AUTE se podría fijar en una CBT3E […]. Por el otro, a fin de que la introducción del nuevo cómputo no genere saltos, la nueva jubilación mínima (JM), percibida por quien cumple con el requerimiento de aportes y edad, surgiría de dividir la mínima vigente por el valor de la CBT3E,quedando de allí en más atada a ésta última.

Una vez definidos estos dos parámetros (AUTE y JM), restaría determinar el haber de dos grupos de beneficiarios: (i) aquellos contribuyentes que no cuentan con el mínimo de aportes, y (ii) aquellos que según sus aportes deberían percibir una jubilación superior a la mínima.

En el primer caso […], lo más lógico sería que percibieran una jubilación cuyo valor, mayor que la AUTE y menor que la JM, surgiera del cociente de aportes efectivos sobre los necesarios para percibir la mínima […]. En el segundo caso […], cabría aplicar la regla vigente, que establece la jubilación como el promedio del salario de los últimos 10 años, sujeto a una jubilación máxima, actualmente en $6.500, que surge de una fórmula que pondera el aumento del salario promedio (CVS) y de la recaudación por aportes y contribuciones.

[…]¿Cómo se actualizarían estos haberes? […] Lo ideal sería actualizar los haberes mediante un índice que pondere la evolución del costo de vida (CBT3E) y de los ingresos del sistema. Más precisamente, para la JM y jubilaciones superiores podría utilizarse la fórmula de actualización vigente, reemplazando la variación del salario promedio (CVS) por la variación de la CBT3E (o por un índice de precios similar). Por su parte, la AUTE estaría determinada por la CBT3E, mientras que las jubilaciones intermedias (beneficiarios con aportes incompletos) surgirían directamente de la fórmula de proporcionalidad entre AUTE y JM.

3. Reforma del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

El rol del FGS está íntimamente ligado a la discusión de la naturaleza contributiva del sistema previsional. Según la versión tradicional, el actual sistema de reparto “reparte” las contribuciones del empleado y el empleador entre los actuales beneficiarios del sistema. Esto dictaminaría, por un lado, que lo ahorrado durante la vigencia de las AFJP (hoy en el FGS) pertenece al sistema previsional y no al Tesoro. […].

[…] Pensamos, en cambio, que el sistema previsional es parte esencial de la red de protección social, y que como tal debe ser fondeado con recursos tributarios. [...] Por esto, proponemos la creación de un Fondo Anticíclico Previsional (FAP), constituido por los recursos efectivos del FGS; esto es, neteando la deuda pública en cartera del FGS –la que, adicionalmente, abulta de manera engañosa los cocientes de deuda y encarece el acceso al crédito.

El uso de los recursos del FAP debería estar gobernado por criterios de inversión de largo plazo en activos de baja correlación con el ciclo local, de modo que el dinero valga más cuando los ingresos sean menores[…]. Y su gestión –que podría permanecer dentro de la órbita pública, por ejemplo a cargo de los expertos en administración de reservas del Banco Central– debería ser monitoreada de manera periódica por el Congreso.

4. Revisión de la edad mínima, jubilación anticipada y eliminación de aportes para trabajadores de la tercera edad

La extensión de la cobertura previsional aquí sugerida incrementará la presión sobre la ya delicada sustentabilidad fiscal. Esta mayor presión requerirá, en línea con lo observado en otros países y con la evolución natural de la expectativa de vida, la elevación gradual de la edad jubilatoria, de modo de no condenar al sistema a la quiebra y al incumplimiento.

Cada año adicionado a la edad jubilatoria […] posterga el retiro de unas 300 mil personas […]; cifra que ascendería a 1,3 millones si el incremento fuera de cinco años […]. En términos fiscales, un año de incremento implicaría a precios de hoy, un ahorro fiscal de $4,2 mil millones, cifra que podría ascender a $18,4 mil millones de subirse la edad de jubilación a 65 años para las mujeres y 70 para los hombres.

La contrapartida natural del incremento de la edad jubilatoria es una prolongación de la vida activa. Si bien esto implica una mayor fuerza laboral y una mayor producción, cabe esperar que el mercado laboral absorba la mayor oferta de trabajo sólo parcialmente, incrementado el desempleo en otros rangos etáreos.

Para compensar el efecto negativo sobre este grupo de trabajadores, y suavizar el impacto sobre aquellos que han adquirido derechos como resultado de los aportes y contribuciones ya realizados durante su vida activa, puede pensarse en un programa que combine:

(i) subsidios a la contratación de personas mayores, por ejemplo, mediante la exención del pago de aportes y contribuciones patronales para los hombres mayores a 65 y mujeres mayores a 60 […];

(ii) jubilación anticipada, a partir de la cual los trabajadores preserven la opción de retirarse a la edad mínima hoy vigente, con una instrumentación similar al actual seguro de desempleo para quienes están desempleados, tienen 30 años de aportes y hasta cinco años menos de la edad jubilatoria. […].

De esta manera, a partir de la combinación de los tres componentes (suba de la edad de retiro, exención impositiva y jubilación anticipada) la reforma previsional podría cumplir con el triple objetivo de generar un ahorro fiscal, incentivar la oferta laboral al subsidiar el trabajo y no el retiro, y suavizar el impacto sobre aquellas personas que tengan derechos adquiridos por sus años de aportes.

¿Qué opinan?

Sistema previsional ¿Mito urbano kirchnerista?

Uno de los grandes mitos urbanos de la corta década kirchnerista es que el proyecto político incluye un cambio radical en su tratamiento a jubilados y pensionados respecto a la década previa, marcada por el desinterés y abandono por la clase pasiva.

¿Cuánto de cierto tiene este mito?

Permítanme ponerlo a prueba con un poco de data duro. Verá que, como todo mito, este tiene una porción cierta y algunos bemoles. Hagamos un punteo de sus principales características y saque el lector, ponderando según sus preferencias individuales, sus conclusiones generales.

1) El kirchnerismo, a través de la moratoria de fines de 2006, aumentó notoriamente la cobertura del sistema previsional para ubicarla muy cerca de sus máximos teóricos y revirtiendo el fuerte deterioro observado desde 1991. Si pensamos que hoy debe haber unas 3.4 millones de mujeres mayores de 60 años y alrededor de 1.7 millones de hombres por arriba de los 65, los 5.1 millones de jubilados y pensionados (a lo que debe restarselé unos 250 mil jubilados menores de 60/65 años) representan una tasa de cobertura del 97%, muy por arriba de las mejores expectativas que uno podría tener.

Al incrementar como se hizo la tasa de cobertura, se universalizó el derecho a un ingreso durante la vejez, con independencia de la suerte que uno haya tenido en vida activa (click para agrandar).

2) Asimismo, durante el gobierno de Néstor Kirchner se observa una sensible mejora en la jubilación mínima que duplica el poder su poder de compra desde cerca de $ 200 a $ 400 (en pesos de 2003). Durante el gobierno de Cristina, en cambio, la jubilación mínima desciende como resultado del la erosión inflacionaria hasta ubicarse, en promedio, un 10% por debajo que la que ella recibiera al asumir.

3) Sin embargo, la dinámica de la jubilación mínima es solo una parte del comportamiento de la pirámide previsional. Como puede verse en los siguientes gráficos, en 2002 tan solo el 10% de los jubilados cobraba la jubilación mínima en tanto algo más del 50% cobraba, como mínimo, dos veces este valor. Las sucesivas subas de la mínima sin ajustes equivalentes en las otras porciones de la pirámide llevó a un fenomenal achatamiento en el que casi el 75% de los retirados es perceptor de la mínima (60% si no consideramos quienes entraron por la moratoria de 2006). En el extremo opuesto, hoy tan solo el 15% cobra al menos dos veces la mínima.

(La curva azul representa la evolución teórica sin considerar los 1.8 millones de nuevos jubilados por la moratoria de 2006)

Lo que se observa es una muy fuerte redistribución al interior del sector pasivo, en el cual un porcentaje ha mejorado notablemente su situación mientras otro grupo se encuentra todavía hoy por debajo de la situación que tenía en 2001. El achatamiento de la pirámide previsional mejora la función redistributiva del sistema, a costa de un alto porcentaje de jubilados que tienen una situación inferior a la de una década atrás. Redistribuir siempre implica que alguien gana y alguien pierde.

Ahora bien ¿Cuál fue el resultado neto de esa redistribución interna?

4) En el siguiente gráfico (izquierda) verán como la jubilación promedio es hoy un 15% inferior a la de 2001 (cuando Cavallo recortó el 13%) en tanto la jubilación promedio si no consideramos a los jubilados que ingresaron con la moratoria (que entraron cobrando la mínima) está un 6% por debajo de la de fines de la convertibilidad. Recuerden que, en el ínterin, la recaudación en concepto de prestaciones de la seguridad social creció un 50% en términos reales, como resultado de las mejoras en la masa laboral registrada y el incremento del porcentaje de aportes sobre la masa salarial.

5) El resultado de esta asimetría entre crecimiento de la jubilación promedio y recaudación es un saldo previsional positivo del orden de los $ 10 mil millones desde 2005, que anualmente son transferidos a rentas generales. Estos $ 10 mil millones de superávit previsional que el sistema transfiere no es muy distinto a lo que antes se acumulaba en las cuentas de capitalización. Esto es, al destruir la capitalización el gobierno convirtió un flujo de recursos que antes se ahorraba en gasto corriente. Para ponerle un orden de magnitud a estas cifras, el superávit transferido al tesoro en 2009 ($ 14 mil millones) permitiría otorgar un aumento de $ 210 a los cinco millones de jubilados. Esto es, incrementar la jubilación promedio de 2009 en 47%.

Lo que antes se ahorraba, hoy es administrado por un gobierno con una propensión a consumir superior a uno, con los impactos macroeconómicos que ya hemos mencionado lo suficiente como para que valga la pena repetirlo acá. Entonces ¿Qué es lo que debería hacerse con este saldo excedente? Cuatro son las opciones que se me ocurren: (1) Aumentar las jubilaciones hasta agotar los recursos excedentes (2) reducir las contribuciones sociales aumentando el ingreso de los trabajadores y/o reduciendo el costo salarial (3) crear un fondo de ahorro previsional al cual se dirijan los flujos de fondos excedentes (y del cual se extraigan en caso de ser necesario) o (4) devolver a la masa coparticipable los recursos que hoy se transfieren al sistema previsional. Si plesbicitaran, yo voto por la tres.

¿Sobrevive el mito?

Mi conclusión personal (que toma como referencia al sistema previsional ideal) tiene como resultado una valoración neutral, un empate, al combinarse una de las mejores medidas de la era K (la moratoria previsional) con una de las peores (la destrucción del sistema mixto en septiembre de 2008). Hoy tenemos un sistema que cumple mucho mejor que en el pasado su rol de redistribución del ingreso hacia la clase pasiva, pero falla en el cumplimiento del segundo objetivo de cualquier sistema previsional, a saber: inducir (o forzar) un alza el ahorro de la población, especialmente importante en una economía con baja tasa de ahorro como la nuestra

Hasta aquí mi aporte, ustedes ¿Cómo ponderan los cinco puntos?

El impacto de la política social Kirchnerista

No le creo a las recientemente publicadas bases de la EPH. Ni un poco. Intuyo la manipulación, la huelo, la siento, pero no puedo demostrarla. Pululan indicios de alteraciones en casi cualquier cruce que se haga, como las inexplicables evoluciones del salario de los no registrados o de las tasas de actividad y empleo. Sin embargo, hagamos abstracción y juguemos a que les creemos* y a que las estimaciones que obtenemos a partir de la EPH valen. 

¿Cuál ha sido el impacto sobre la pobreza de las políticas sociales del gobierno?

El primer paso es estimar la pobreza actual. El insumo crítico para esta estimación es la Canasta Básica Total que determina a partir de que punto una familia es considerada pobre. No encontrando cálculos recientes de Artemio (la ultima que encontré fue de 2008) arriesgo mi propia estimación, que surge de combinar inflaciones provinciales, las estimaciones de Buenos Aires City y de inflaciónverdadera.com.  Los resultados se presentan en el siguiente gráfico.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, para esa canasta básica la pobreza en el segundo trimestre de 2009 habría sido de 25,3%, casi el doble del 13% estimado por el INDEC (3.2 millones de personas). 


Extañamente, se produce, desde el segundo trimestre de 2008 y durante el año de la crisis internacional, una caída de la pobreza de casi 4% a la cual no le creo ni un poco. Sin embargo, y como todos son inocentes  hasta que se demuestre lo contrario, voy a dar esta caida por cierta y continuar, aunque asumiendo el compromiso de seguir quemando valiosas horas de ocio hasta encontrar y medir el tongo. (Algo encontré alrededor de las tasas de empleo e inactividad, pero sin evidencia concluyente, callo)  

Noten que no es para nada neutral la Canasta Básica utilizada. Si en vez de utilizar la que mostrara más arriba usara otra un 10% más baja, 950.000 personas sobre un total de 24.5 millones de habitantes (urbanos) dejarían de ser pobres (3,9%) y 750.000 personas pasarían a serlo si hubiese subestimado la canasta en 10%. 

No es el eje de este post, sin embargo, medir cuanto es la pobreza sino, en cambio, medir cuanto varió la pobreza, así que,  volviendo a lo nuestro ¿Cuál fue el impacto las políticas sociales de la gestión K?

Me centraré en las dos más importantes. La moratoria previsional de fines de 2006 (que aplaudiría hasta que me duelan las manos si no la hubieses podrido 20 meses más tarde con la estatización de las AFJP) y el ingreso universal a la niñez de fines de 2009 (que aplaudo sin peros).

Moratoria Previsional

Para medir el impacto de la moratoria previsional realicé una microsimulación de Montecarlo sobre las EPH. Según se ve en los propios datos, entre el IV trimestre de 2006 y el II de 2009 el número de jubilados crece un 39% (700.000 personas) como resultado de la moratoria que amplió sensiblemente la cobertura del sistema previsional. 75% de ese incremento, aproximadamente, se explica por mujeres mayores de 60 años que cambian su condición de inactividad desde amas de casa a flamantes jubiladas. El 25% restante son trabajadores mayores que dejan de estar activos y se retiran.

El ejercicio para medir el impacto de la moratoria es simple. (1) De manera aleatoria, en cada periodo quito a un número de mujeres jubiladas mayores de 60 años su ingreso por jubilación y las regreso a su condición de amas de casa. El ejercicio se realiza de manera tal que el porcentaje agregado de mujeres jubiladas vuelva a ser el previo a la moratoria previsional (61%). (2) Hecho esto, calculo el nuevo ingreso del hogar y reestimo la tasa de pobreza (3) repito (1) y (2) 100 veces y tomo el promedio de las tasa de pobreza obtenidas. La diferencia entre ese valor y la pobreza original representa el impacto de la moratoria previsional.

Ingreso universal a la niñez

Para medir el impacto de la Asignación Universal simplemente incremente el ingreso en $180 por menor (hasta un máximo de 5 menores) para aquellos hogares que tuvieran un/a jefe de hogar:

1) Desocupado/a

2) Ocupado/a en negro con ingreso laboral menor a $ 1800 (use un valor mayor al que rige en el plan para incluir a aquellas personas que entran igual aunque no cumplan el criterio)

3) Ocupado/a cuentapropista con ingreso laboral menor a $ 1400

4) Ocupado/a en servicio doméstico

Esto me da un total de un millón de personas viviendo en un hogar donde se recibe una asignación (en una cantidad de hogares que no puedo medir porque las nuevas EPH no traen el ponderador de hogares). De este millón de personas, el 60% pertenece a un hogar pobre (el 40% restante posiblemente se encuentre sólo ligeramente por encima de la linea de pobreza). Asi medido, el monto total repartido en concepto de asignacion universal ascendería a $ 4.8 mil millones de pesos anuales.

(Tener en cuenta que esto corresponde tan sólo a la proporción de población urbana, y no considera a los 16 millones de habitantes rurales)

Resultados

Los resultados de ambas estimaciones pueden verse en el siguiente gráfico: (corrí el ingreso universal desde fines de 2008 para que el efecto pueda verse)

Combinadas, ambas políticas indujeron una caída directa de 3.5% en la tasa de pobreza, 1,2% atribuible a la moratoria previsional y el 2.2% restante al ingreso universal. 860.000 personas sobre un total de 6.5 millones de pobres urbanos** (13%) cruzaron la línea de pobreza como resultado de una transferencia directa del Estado. 

Nada mal, ¿No?

No tenemos todavía estimaciones del impacto en términos de la distribución del ingreso, que prometemos vendrán en breve. La estimación realizada no cambia sensiblemente si utilizamos una Canasta Básica distinta. Para estimaciones con precios 10% por arriba o por abajo del utilizado las diferencias eran despreciables.

Ojalá el Kirchnerismo fuera sólo esto, ¡Con qué alegría lo votaría a Nestor en 2011!

Atte

Ele

*La corrección de la aparente sobreestimación del ingreso de los no registrados, no incluida en las estimaciones de más arriba representa entre 0.5% y 1.5% de pobreza.

**Las estimaciones se realizan sobre un total de 24.5 millones de personas cubiertas en el universo de la EPH.

El Sistema Previsional Ideal

Zlotogwiazda se interesa por una propuesta para pasar del actual sistema de reparto a un seguro social universal no vinculado a la situación laboral, con cobertura básica previsional y de salud a financiarse con rentas generales. ¡Desde aquí, mi entusiasta voto no negativo!

Voy por partes

Cualquier sistema previsional apunta a resolver dos objetivos

El primero es redistributivo, Robin Hood. Sacarle al fuerte para darle al debil. Su defensa escapa al ámbito económico y entran ético-moral. La tercera edad, por la debilidad relativa que su edad implica, merece ser “protegida” por la población activa (donde “protegida” significa "garantía de un nivel de vida digno”).

El segundo objetivo es fomentar el ahorro de la población y se basa la idea de que sufrimos de inconsistencia temporal. Las personas somos propensos a equivocarnos en las decisiones que afectan nuestro futuro, situación que comprendemos recién cuando “nuestro futuro” ya llegó. El ejemplo de manual es el de la cuota del gimnasio. Al pagar contratamos el pase libre por un mes y al mes notamos que fuimos sólo la primer semana y que nos hubiera convenido pagar cada vez que fuimos.

Aplicado al caso que nos compete, tendemos a [ahorrar menos/consumir más] de lo que [ahorraríamos/consumiríamos] si fuera consciente de que, cuando seamos viejos, vamos a valorar más nuestro consumo de lo que hoy creemos. Parece un trabalenguas pero la intuición no es difícil: Al Elemaco joven le importa menos el consumo del Elemaco viejo que lo que al Elemaco viejo le va a importar su propio consumo.

Existe sistema previsional ideal para la resolver cada objetivo: el sistema de reparto ataca el objetivo redistributivo y el de capitalización busca fomentar el ahorro. En el primero recibo hoy recursos de la población activa y lo utilizo para pagar hoy a los jubilados. Redistribuir sin generar un ahorro forzoso a los aportantes. El segundo, en cambio, no busca redistribuir en tanto el dinero pertenece a quien lo depositó, pero si elevar el ahorro de largo plazo de la población.

Aclarado esto, las premisas del diseño de sistema previsional que considero ideal serian:

(1) Ambos objetivos son deseables, necesarios y no excluyentes. Proteger a la tercera edad es un objetivo en sí mismo, fomentar el ahorro en la sociedad también, más cuando la propia redistribución puede disminuir el ahorro agregado (le sacas al joven que ahorra algo para darle a un mayor que gasta todo).

Para cada objetivo, una política “óptima” asociada. (Así, por ejemplo, el afirmar que el dinero previsional expropiado no debe ni puede gastarse va en contra de la misma lógica de un Sistema de Reparto ¿Ahorrar para qué? A los viejos de 2030 los mantendrán los jóvenes de 2030).

(2) El sistema debe ser lo suficientemente flexible como para que un cambio en la ponderación de los objetivos no implique un quiebre institucional como los de 1994 o 2008.

Así, por ejemplo, el sistema actual deja poco espacio al segundo objetivo y el sistema mixto de 1994 a 2008 limitaba la ponderación de ambos objetivos a “el empleador financia la prestación básica (reparto), el empleado acumula en su cuenta (capit.)”.

(3) El derecho a ser protegido por la población activa cuando viejo no puede depender de la suerte que haya tenido en mi vida, en particular el haber tenido un trabajo asalariado registrado. El mercado laboral cambió. No podemos jugar al “what if…” y diseñar nuestro sistema como si las instituciones laborales fueran las de la década del 60.

Dicho esto, el régimen previsional ideal (la letra fina en los comments. No me corran con eso. ESC es un blog y no un Centro de Estudios Previsionales. ¿Si?).

(a) Todo Argentino en la edad jubilatoria (a definir) tiene el derecho una Jubilación Básica Universal (JBU) fija e igual para todos. Cobran lo mismo un indigente y De Narvaez. Tanto la adquisición de este derecho como su monto asociado son independientes de la historia laboral del individuo.

Nota: Con (a) desaparecen reglas que perforan el sentido redistribuidor del sistema de reparto como el “82% móvil”. ¿Por qué si mi objetivo es redistribuir asociaría la jubilación de hoy con su historia, disociándolo de la situación de los activos de hoy?

(b) La JBU es financiada con rentas generales y no con un impuesto especifico al salario registrado como hoy. Para acotar algo la discrecionalidad en la determinación del monto de la jubilación (en cualquiera de los dos sentido) puede asociarse directamente o a través de alguna regla anticiclica a algún impuesto de base más general que las contribuciones sociales, como ser el Impuesto a las Ganancias (preferentemente) o IVA (2nd Best).

(c) El punto (b) implica la eliminación de las contribuciones sociales destinadas a la jubilación, tanto las patronales como las que paga el empleado. Sobre el consiguiente aumento de los ingresos de bolsillo debe caer todo el peso de un sistema tributario que grave los ingresos personales, vengan estos del trabajo, de la renta financiera o de dividendos de empresas. El cambio del II.GG. debería contemplar algo como lo propuesto por Rollo acá, tomando el II.GG. de las firmas a cuenta de los ingresos de los accionistas (que deben ser gravados).

El monto asignado al pago del JBU refleja, en todo momento, el objetivo redistribuidor y la solidaridad intergeneracional del sistema previsional.

(d) Sobre este “reloaded” II.GG. se crea un fondo de capitalización individual. Un porcentaje de lo abonado en concepto de II.GG. (a definir) se destina al fondo personal con un piso (no puedo forzar a ahorrar a un tipo que no tiene para comer) y un techo (¿Cuánto puedo subir la tasa de ahorro de un tipo que gana $ 200.000 en dividendos?).

El aportante tiene derechos de propiedad (habrá que diseñar algo a prueba de Zaninis) y alguna discrecionalidad sobre su destino. Sólo a partir de la edad jubilatoria puede la persona recuperar su dinero, sea todo junto o en forma de cuotas periódicas. Se crea así, como residuo de una herramienta que busca fomentar el ahorro agregado, un diferencial respecto a la JBU asociado a la historia pasada.

El esquema planteado permite al Policy Maker alguna flexibilidad en la proporción de los fondos destinados a la JBU y al fondo de capitalización sin necesidad de quiebre institucional.

(e) Queda definir el esquema institucional de administración de esos fondos. Yo prefiero administración privada bien regulada y con los incentivos adecuados compitiendo con una administradora estatal a fondos cayendo en el saco roto de la ANSES. Es negociable.

El siguiente esquema resume lo escrito.

¿Qué le parece?

Se me hizo largo. La seguimos en los comments

Saludos